10 de noviembre de 2020 |

La crisis sanitaria del Covid-19 también ha afectado al cómputo del plazo regulado en la ley para reclamar deudas pendientes. La suspensión de los plazos de prescripción durante la declaración del estado de alarma ha tenido como consecuencia la prórroga de la fecha límite para que los acreedores ejerciten las acciones que le amparan y satisfacer así sus derechos.

Con motivo de la citada prórroga, en este artículo se analiza cómo ha afectado el estado de alarma al cómputo del plazo para reclamar deudas y cuál es el último día para que los interesados reclamen sus derechos.

1. ¿Qué es la prescripción de un derecho?

La ley establece un periodo de tiempo para que el titular de un derecho pueda ejercitar las acciones que le asisten. Si finaliza el mencionado plazo sin que el interesado haya realizado ninguna de las acciones que le amparan, el derecho se extingue sin posibilidad de ejercitarlo con posterioridad. Por tanto, la prescripción produce la extinción de derechos por la inacción del interesado.

2. ¿Es posible interrumpir la prescripción?

Sí, el artículo 1.973 del Código Civil establece que la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.

3. ¿Cuál es el plazo de prescripción del derecho a reclamar una deuda?

El Código Civil regula dos tipos de acciones, las acciones reales y las acciones personales. Las acciones reales son aquellas que ejercita el demandante para reclamar o hacer valer un derecho sobre alguna cosa y las acciones personales son aquellas cuyo objetivo es garantizar un derecho personal y obligan al demandado a realizar acciones de dar, hacer o no hacer determinados actos.

Las acciones personales pueden tener un plazo de prescripción genérico o específico. La prescripción genérica es aquella que se aplica para regular el lapso de tiempo que el interesado tiene para reclamar el cumplimiento de una obligación que no tiene regulado un plazo concreto.

La prescripción específica es aquella cuyo cómputo en concreto se establece en el precepto legal en el que se regula el derecho. Un ejemplo es el artículo 1.967 del Código Civil, el cual establece una prescripción de tres años para satisfacer a los farmacéuticos los medicamentos que suministraron.

La antigua redacción del artículo 1.964 del Código Civil establecía un plazo de prescripción de quince años para ejercitar aquellas acciones personales que no tuvieran señalado término especial, como son las deudas dinerarias.

La disposición final primera de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de Reforma de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en vigor desde el 7 de octubre de 2015, modificó el citado artículo y redujo el plazo de prescripción del derecho a cinco años, computándose desde que el cumplimiento de la obligación es exigible.

No obstante, la disposición transitoria quinta de la reforma previó un sistema transitorio al mantener el plazo de prescripción de quince años para reclamar las deudas generadas con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación, con una particularidad: la prescripción se entiende consumada si la nueva ley acorta el plazo de prescripción anteriormente previsto y el referido nuevo plazo transcurre por entero tras la puesta en vigor de la ley nueva.

4. Criterio del Tribunal Supremo sobre la reforma del artículo 1.964 del Código Civil:

La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2020 se pronuncia al respecto y aclara el contenido de la citada modificación. Establece que en los casos en que la prescripción del derecho se inició antes de la entrada en vigor de la reforma, se rige por el plazo anteriormente establecido (quince años), ahora bien, si desde la citada entrada en vigor transcurriese todo el plazo requerido por la nueva norma (cinco años) surtirá efecto la prescripción incluso aunque anteriormente hubiera un plazo de quince años.

A efectos prácticos esto quiere decir que, el derecho a reclamar acciones personales nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015 finalizarían el 7 de octubre de 2020, por haber transcurrido por completo el plazo de cinco años establecido en el nuevo texto de la reforma, aun habiéndose iniciado el plazo de la prescripción del derecho con anterioridad. En cuanto a las relaciones jurídicas nacidas después del 7 de octubre de 2015 se les aplicará el nuevo plazo de prescripción de cinco años.

5. Diferencias entre la prescripción y la caducidad.  

La prescripción y la caducidad se asemejan en que ambas producen la extinción de derechos y la posibilidad de ejercitar acciones por el mero transcurso del tiempo.

Sin embargo, mientras que la prescripción es posible interrumpirla mediante el ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor; la caducidad no admite interrupción, por lo que el derecho caduca al finalizar el plazo fijado en la ley.

Además, la prescripción no se aprecia de oficio por el tribunal, es necesario que se invoque por la parte que pretende su estimación. Sin embargo, la caducidad si se aprecia de oficio por el tribunal, por lo que no es necesario que la parte interesada la alegue para que el tribunal considere que el derecho está extinto.

6. ¿Se han interrumpido los plazos de prescripción de acciones por el estado de alarma de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19?

Sí, la crisis del Covid-19 también ha afectado al cómputo de los plazos de prescripción.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estableció en su disposición adicional cuarta que los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarían suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren. Posteriormente, el artículo 10 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, estableció que con fecha 4 de junio de 2020 se alzaba la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones.

La suspensión, a diferencia de la interrupción, se caracteriza porque los plazos se reanudan en lugar de reiniciarse por lo que se tiene en cuenta el tiempo transcurrido con anterioridad a la suspensión.

Con fecha 20 de abril de 2020, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial remitió al Ministerio de Justicia, entre otras, una propuesta para su inclusión en un Real Decreto de medidas urgentes que el Gobierno estaba preparando, con el objetivo de evitar la dispersión interpretativa en relación con el cómputo de los plazos de prescripción y caducidad, que se vieron suspendidos o interrumpidos por la declaración de estado de alarma.

Esta propuesta es un recordatorio de cómo realizar correctamente el reinicio del cómputo de los plazos de prescripción y consiste en lo siguiente:

En los plazos establecidos por meses o años, para determinar el día final del plazo se adicionarán a partir del día de vencimiento ordinario, computado de fecha a fecha, los días naturales del periodo de interrupción o suspensión. 

Es decir, a las acciones personales cuya fecha de prescripción es el 7 de octubre de 2020, por aplicación de la norma, hay que sumarle 82 días naturales, periodo de tiempo que han estado en suspenso los plazos de prescripción. En consecuencia, la fecha límite del plazo es el 28 de diciembre de 2020.

7. Conclusiones:

El derecho a ejercitar acciones personales nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015 finalizaba el 7 de octubre de 2020 por haber transcurrido por completo el periodo de cinco años establecido en el nuevo texto de la reforma.

Sin embargo, la suspensión de los plazos debido al estado de alarma ha demorado ochenta y dos días la fecha límite para que los interesados puedan ejercitar las acciones necesarias que interrumpen el computo de la prescripción, por lo que el 28 de diciembre de 2020 es el último día para que los titulares ejerciten su derecho.

En consecuencia y, aunque se ha retrasado la fecha límite y aún falte un mes para que finalice el plazo, lo más aconsejable es revisar las deudas pendientes de cobro y no demorar las reclamaciones.

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