20 de marzo de 2018 |

Artículo de opinión de Rafael López Cantal, abogado fundador de López Cantal Abogados, publicado en el diario IDEAL el martes 20 de abril de 2018

En España no respetamos la presunción de inocencia. Tan pronto tenemos noticia de un asunto penal de transcendencia mediática cada cual dicta sentencia conforme a su criterio con independencia de lo que resulte de la investigación o del enjuiciamiento por los tribunales. Algunos medios de comunicación, especialmente la llamada ‘telebasura’ y demasiados políticos alientan o promueven juicios paralelos. Se especula y pontifica en base a datos incompletos, sesgados o sin contrastar que nada tienen que ver con el examen conjunto de la prueba que se irá configurando en la investigación judicial y, en su caso, se practicará en el juicio oral con plenas garantías procesales. Y la cantinela política se repite sin pudor: presunción de inocencia incuestionable si el sospechoso o investigado es ‘de los nuestros’ y proclamación de condena fulminante a los cuatro vientos si pertenece a un grupo o partido rival. Lo más grave es que sólo podremos resolver este problema con mayores niveles de educación y madurez cívica y política, que no se atisban por ahora.

Ni siquiera respetamos la presunción de inocencia en el lenguaje, sobre el que quiero centrar la atención de este comentario. Ya se trate del que se habla en la calle, del que practican los medios de comunicación o del que a veces utilizamos los juristas, sobre todo en el ámbito coloquial. Hablo de una realidad palpable que es contraria a exigencias constitucionales y pone de manifiesto de qué forma se atenta a diario contra la dignidad de muchas personas sometidas a investigación o a enjuiciamiento penal. Y a mi juicio requiere de medidas de concienciación colectiva para corregirla, aunque reconozco que se trata de una aspiración encajable en el ámbito de la ingenuidad o de la utopía. Aun así yo me pregunto: ¿por qué quienes estamos más obligados a expresarnos con propiedad no comenzamos por usar bien los conceptos que inspiran el ordenamiento jurídico y nuestra lengua, que utilizada públicamente influye en la formación de la mentalidad colectiva? En la forma en que con frecuencia nos manifestamos los juristas, y en la que cada día utilizan los medios de comunicación, que tiene enorme transcendencia por su indudable influencia en lectores, escuchantes y televidentes, hemos ido acuñando el empleo de los términos ‘presunto’ o ‘presunta’, añadiéndole el delito supuestamente cometido, referido a personas sometidas a investigación policial o judicial o a enjuiciamiento en causa criminal.

Sin embargo estas personas son presuntamente inocentes por más que se hallen detenidas, en libertad provisional o en prisión preventiva. Lo siguen siendo por más que haya cargos contra ellas, sean investigadas o se encuentren encausadas o procesadas o, abierto el juicio oral, sean acusadas de los más graves delitos. Es incompatible ser presunto inocente y presunto culpable al mismo tiempo y podríamos referirnos a ellas como ‘supuestos’, ‘sospechosos de’, ‘investigados por’, ‘acusados de’ o ‘juzgados por’, entre otras muchas expresiones apropiadas que permite nuestro rico idioma castellano. Nadie es ‘presunto violador’ ni ‘presunta asesina’. Tampoco ‘presuntamente integrante de un comando terrorista’ ni ‘autor de un presunto delito de prevaricación’, por entresacar algunos términos de entre los que estamos habituados a leer y a escuchar diariamente y aceptamos con normalidad pese a que profanan en lo más profundo el concepto constitucional de la presunción de inocencia.

Ya sé que esta forma de hablar es gráfica, nos sirve para entendernos y está muy arraigada. Tanto, que insisto en la ingenuidad de mi planteamiento. Pero entiendo que hay que alzar la voz y que entre todos, juristas y comunicadores, deberíamos esforzarnos por utilizar locuciones acordes con la presunción de inocencia. Si en nuestro sistema constitucional no existen presuntos delincuentes, sólo presuntos inocentes, comencemos por hablar con precisión y dejar de usar esas expresiones inadecuadas. Y cuando, concluido el proceso penal por sentencia, el fallo del Tribunal sea condenatorio, podremos hablar de violadores, asesinos, terroristas o prevaricadores, y de todo el catálogo de delincuentes a los que sanciona el Código Penal.

Rafael López Cantal

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