23 de marzo de 2018 |

La reforma de la Ley Concursal efectuada por Ley 38/2011, de 10 de octubre, introdujo el art. 51.bis, en virtud del cual se estableció la suspensión de los procedimientos iniciados antes de la declaración del concurso en los que se ejercitasen acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades que hubiesen incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de la causa de disolución (acción recogida en el art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital). Correlativamente el art. 50.2 impide a los jueces de lo mercantil admitir a trámite nuevas demandas presentadas tras la declaración del concurso de acreedores en las que se ejerciten estas acciones. De este modo, la posible responsabilidad de los administradores se ventilará en el seno de la pieza de calificación del concurso.

Pero nada contempla la Ley Concursal respecto a posibles acciones judiciales iniciadas con anterioridad a la declaración del concurso en orden a la disolución de la sociedad que está incursa en causa legal de disolución cuando sus administradores no han realizado las actuaciones necesarias para la remoción de la causa de disolución o cuando no ha sido posible alcanzar el acuerdo de disolución o éste ha sido contrario a la propuesta, acciones que puede ejercitar cualquier interesado y obligatoriamente los administradores (art. 366 de la Ley de Sociedades de Capital).

Cabría pensar en principio que la decisión sobre la disolución o no de la sociedad estaría vinculada al concurso de acreedores en función de la solución que se adoptara en él, según la empresa sea viable o no, sea posible la aprobación de un convenio, o se vea abocada a la liquidación. Sin embargo, del contenido de la Ley Concursal se desprende que es posible la continuación de los procedimientos judiciales iniciados antes de la declaración del concurso de acreedores, lo que puede obligar a la liquidación de una sociedad que podría haber tenido viabilidad mediante un convenio de acreedores con su correspondiente quita y espera alcanzado en el procedimiento concursal.

Debemos partir de la base de que la acción de disolución de una sociedad no está contemplada como una de las acciones de las que obligatoriamente debe conocer el juez del concurso en el art. 8 de la Ley Concursal, tampoco es una acción que deba acumularse al concurso (art. 51.1 de la Ley Concursal), ni está contemplada como una de las acciones que debe suspenderse durante la tramitación del mismo (art. 51 bis).

Por otro lado, nada impide que la junta general de socios de una sociedad, tras la declaración del concurso, pudiera adoptar un acuerdo voluntario de disolución al amparo del art. 368 de la Ley de Sociedades de Capital, puesto que durante la tramitación del concurso se mantienen los órganos de la persona jurídica, sin perjuicio de los efectos que sobre los mismos tenga la declaración del concurso de acreedores, regulados en el art. 48 de la Ley Concursal.

Igualmente, el art. 145.3 de la Ley Concursal al regular los efectos de la liquidación sobre el concursado, alude expresamente a la posibilidad de que la disolución de una sociedad estuviera ya acordada antes de la apertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores, pues en caso de que no fuese así, la resolución de apertura de dicha fase debe acordar la disolución de la sociedad.

Por tanto, entendemos que la acción judicial de disolución de una sociedad ejercitada con anterioridad a la declaración de concurso de acreedores, debe continuar su tramitación, y una vez dictada la correspondiente resolución judicial, ésta vinculará al juez del concurso (art. 53). Lo que sí está claro es que la liquidación habrá de llevarse a cabo obligatoriamente dentro del concurso de acreedores, pues la propia Ley de Sociedades de Capital se remite a la Ley Concursal para la liquidación de las sociedades declaradas en concurso de acreedores (art. 372) y el art. 145.3 de la Ley Concursal determina la sustitución de los administradores o liquidadores de la sociedad por la administración concursal.

Alcanzada esta conclusión, entendemos que una solicitud de concurso de acreedores de una sociedad que ya estaba incursa en causa legal de disolución y con un procedimiento judicial en curso tendente a tal disolución, tiene el efecto, una vez declarado el concurso, de cesar la obligación legal de los administradores sociales de solicitar la disolución cuando existe causa legal, cesando igualmente su responsabilidad solidaria por deudas contemplada en el art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital, quedando en suspenso cualquier procedimiento judicial en el que ya se le estuviese exigiendo esta responsabilidad. Pero ello no evitará que judicialmente pueda decretarse la disolución de la sociedad si ya se había iniciado un procedimiento con anterioridad a la declaración del concurso.

No obstante, quizás el legislador debería plantearse si este tipo de acciones judiciales debe quedar en suspenso tras la declaración del concurso de acreedores, pues en caso de en el seno de dicho procedimiento pudiera ser viable la empresa tras alcanzar un convenio con sus acreedores, el mismo carecería de virtualidad tras una declaración de disolución que tiene como efecto inmediato abrir el periodo de liquidación de la sociedad.

Mª Teresa González Sánchez

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