27 de septiembre de 2018 |

En esta serie de artículos vamos a tratar la principal problemática de la entrada en vigor de la obligatoriedad del uso de plataformas digitales, públicas o privadas, para la licitación pública, que deberá ser obligatoriamente ejecutada por vía electrónica.

En este sentido, la Administración Pública está siendo drásticamente laxa en cuanto a la exigencia de la obligatoriedad de este sistema de licitación que impone la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ya que el aprendizaje del uso de estas plataformas no está siendo especialmente fácil, ni para las Administraciones Públicas, ni para los licitantes que acuden a ofertar en cada licitación. De hecho, la Plataforma de Contratación del Estado (PLACE), que es la herramienta que ha puesto el Gobierno de España para su uso por las Administraciones Públicas que así lo deseen (recordemos que hay plataformas de licitación pública electrónica que son privadas), admite la licitación en tres modalidades:

  • Presencial.
  • Electrónica.
  • Presencial y/o electrónica.

Esto es debido a la dificultad que está planteando el uso de la plataforma, por lo que en esta serie de artículos vamos a tratar específicamente de aclarar dudas y a tratar de ayudar al aprendizaje del uso de la plataforma, en sus dos vertientes: la de licitante y la de licitador.

A pesar de lo establecido en la Exposición de Motivos de la Ley 9/2017, en relación con el tema que hoy nos ocupa, que señala literalmente: “la decidida apuesta que el nuevo texto legal realiza en favor de la contratación electrónica, estableciéndola como obligatoria en los términos señalados en él, desde su entrada en vigor, anticipándose, por tanto, a los plazos establecidos a nivel comunitario”, la realidad es que no aparece por ningún lugar de la Ley, a pesar de su en un amplio articulado, ninguna frase que establezca expresamente que la contratación pública es electrónica.

En definitiva, la contratación pública es desde el 9 de marzo de 2018, como ya sabemos, electrónica de forma inequívocamente obligatoria y se encuentra principalmente regulada en las siguientes Disposiciones Adicionales:

  • Décimo Quinta (Normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados en la Ley).
  • Décimo Sexta (Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley).
  • Décimo Séptima (Requisitos específicos relativos a las herramientas y los dispositivos de recepción electrónica de documentos).

Luego han de tenerse en cuenta frases, apartados y preceptos que completan los parámetros a seguir dentro de la contratación electrónica a lo largo del articulado de la propia Ley.

La estructura de la contratación pública se puede dividir en dos grupos muy bien diferenciados, puesto que son los dos actores principales a la hora de cada licitación, esto es licitante y licitador:

1. Licitante:

La tramitación del expediente, desde su inicio, desde la orden de incoación, es íntegramente electrónica, pero, en este caso, la novedad no es de marzo de 2018, ni la fuente de la obligación es la Ley 9/2017. Desde octubre de 2016, y tras la entrada en vigor de la LPAC y la LRJSP, la tramitación de los procedimientos era ya electrónica, por lo que, en ese aspecto nada inventa la nueva Ley. Cuestión muy distinta es la realidad de cada entidad, y esa convivencia (todavía muy amplia) del formato papel/electrónico, así como las especialidades que las citadas Disposiciones contemplan para los expedientes de contratación.

Aplicación normativa que debe conjugarse con las especialidades como las relativas en materia de notificaciones y comunicaciones recogidas en la Disposición Adicional Décimo Quinta, sin perjuicio de su obligatoriedad electrónica, sin reservas ni excepciones amparadas en el artículo 14 LPAC, como señala la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su Informe al relativo a diversas cuestiones en relación con las notificaciones electrónicas, en el Expediente número 1/2018.

2. Licitador:

La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo por medios electrónicos. Literal. Con esa contundencia se expresa el apartado 3 de la Disposición Adicional Décimo Quinta, Esta redacción no se presta a confusión, ni doble interpretación, a pesar de que la propia Ley contempla una serie de supuestos que permitirán su excepción:

  • Cuando, debido al carácter especializado de la contratación, el uso de medios electrónicos requeriría herramientas, dispositivos o formatos de archivo específicos que no están en general disponibles o no aceptan los programas generalmente disponibles.
  • Cuando las aplicaciones que soportan formatos de archivo adecuados para la descripción de las ofertas utilizan formatos de archivo que no pueden ser procesados por otros programas abiertos o generalmente disponibles o están sujetas a un régimen de licencias de uso privativo y el órgano de contratación no pueda ofrecerlas para su descarga o utilización a distancia.
  • Cuando la utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos especializados de los que no disponen generalmente los órganos de contratación.
  • Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de modelos físicos o a escala que no pueden ser transmitidos utilizando medios electrónicos.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 de la DA 15ª respecto a la excepción justificada en razones de seguridad.

Con esta división en dos grandes grupos, licitantes y licitadores, cerramos este artículo, como gran marco dentro del que se publicarán los siguientes, trataremos de aclarar todas las dudas que pudieran surgirnos y, además, intentaremos adentrarnos en este excitante mundo de la licitación pública obligatoria, por último pero no menos importante, ¿por qué no?, trataremos de ayudar a lector a aprender a usar la Plataforma de Contratación del Estado desde los dos puntos referentes que hemos descrito previamente.

Rafael López-Cantal Sánchez
Abogado. Socio
rlopez@lopezcantal.es
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