2 de mayo de 2018 |

Tal y como prometí en mi anterior artículo “legitimación activa en juicio de las entidades de gestión de derechos musicales y comunicación pública”,con éste, vamos a continuar por este pequeño viaje a través de la propiedad intelectual, los derechos de autor y el concepto concreto por el que los autores, en este caso representados por las entidades de gestión, tal y como vimos el otro día, tienen derecho a que se les abonen una serie de cantidades según el uso que se realice de sus obras.

En el caso que hoy nos ocupa, se trata del derecho de comunicación pública, del que paso, sin más, a dar unas breves nociones para tratar de que comprendamos, en qué consiste, cuál su espíritu y el porqué de su existencia.

2.- Derecho de Comunicación Pública:

La comunicación pública como derecho exclusivo, nace del artículo 11.1 del Convenio de Berna de 9 de Septiembre de 1886, para la protección de las obras literarias y artísticas, que dispone que “los autores de obras dramáticas, dramático-musicales y musicales, gozarán del derecho exclusivo de autorizar: 1.- la representación y la ejecución pública de sus obras… por todos los medios y procedimientos.”.

El artículo 20 del Texto Refundido de la L.P.I., en su apartado 2ª establece que son actos de comunicación pública, especialmente… a) las ejecuciones públicas de las obras… musicales mediante cualquier medio o procedimiento…  y g) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público, mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra radiodifundida

Ha de repararse en el hecho de que quien usa la música en un local abierto al público, como pudiera ser un bar, un pub o una discoteca, tal y como relatábamos el otro día, si no tiene la correspondiente autorización de la entidad correspondiente o, en su defecto, de los autores de las obras que está utilizando, se encuentra “usurpando” las obras intelectuales para beneficiarse con esta defraudatoria utilización de obras pertenecientes a los autores, quienes resultan moral y económicamente defraudados, puesto que se estarían utilizando estos bienes musicales sin contar con su voluntad. Ha de tenerse en cuenta que, de haberse autorizado la comunicación pública de sus obras, ello hubiera sido a cambio obviamente, de una remuneración económica, calculada de conformidad con las Tarifas Generales de la SGAE, y pactadas a través del correspondiente contrato-autorización.

Al resguardo del artículo 45 del T.R. de la L.P.I.: “Toda cesión deberá formalizarse por escrito”.

Al amparo del artículo 74 del meritado cuerpo legal “por el contrato… el autor o sus derechohabientes ceden a una persona natural o jurídica el derecho de… ejecutar públicamente una obra… musical…, mediante la compensación económica”. En el supuesto que nos ocupa, la parte demandada no acredita estar en posesión de la preceptiva autorización en vigor correspondiente a las modalidades de Propiedad Intelectual que explota; si hubiera aportado dicho documento autorización, habría sido la única manera de oponerse, de enervar las pretensiones de la actora. Ello no ha ocurrido así, toda vez que, la parte demandada no se ha provisto de la correspondiente licencia vigente.

Hay que destacar igualmente que nuestra jurisprudencia no admite que si existe un aparato instalado en un establecimiento público, y situado de cara al público, no se produzca comunicación pública a través del mismo, y ello es así por cuanto lo fundamental de la protección que establece la Ley de Propiedad Intelectual no es el tipo de aparato que se utilice, sino el hecho mismo de la comunicación pública, esto es la divulgación, difusión, publicación, generalización, etc…, de una obra de cara a una pluralidad de personas fuera del ámbito doméstico estrictamente, como así establece el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, no comprendiendo un bar, un ámbito doméstico, por lo que se hace absolutamente necesaria la obtención de la autorización correspondiente.

Así el mencionado artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, entiende por acto de comunicación pública todo aquel por el que una pluralidad de personas “pueda” tener acceso a la obra, lo que excluye la argumentación opcional de su uso esporádico o “su sólo uso cuando el bar se haya cerrado”, de aparato receptor de televisión que se halle instalado en un establecimiento frecuentado por el público en general y habitual como resulta ser un bar.

Recurriendo a la distinción realizada en el primer artículo de esta pequeña serie, entre el derecho de autor y la remuneración equitativa y única de los productores de los fonogramas y de los artistas y ejecutantes (recordemos, representados por la SGAE y AGEDI-AIE respectivamente), hay igualmente que exponer la compatibilidad e independencia de estos distintos derechos a la hora de su reclamación y/o autorización por la comunicación pública de las obras que he explicado con anterioridad.

Todos los derechos aludidos, los de los autores de las obras, los de los productores  de fonogramas y los de los artistas intérpretes y ejecutantes, son independientes y compatibles entre sí de conformidad con los artículos 3, 5, 105 y 131.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

El contenido de dichos artículos obliga a advertir la coexistencia y compatibilidad entre los derechos de propiedad intelectual de autores, productores de fonogramas y artistas intérpretes y ejecutantes que se encuentran claramente diferenciados.

Así, los derechos de autor se regulan en el libro I del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, los de intérpretes, artistas y ejecutantes en el Libro II, Título I, y los de los productores de fonogramas  en el Libro II, Título II, y son definidos como siguen:

Autor se considera “a la persona natural que crea alguna obra literaria artística o científica” (art. 5 TRLPI).

Artista intérprete o ejecutante “es la persona que representa, canta lee, interpreta o ejecuta en cualquier forma la obra”  (art. 105 TRLPI).

Productor de fonograma es “la persona natural o jurídica bajo cuya  iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la mencionada fijación. Si dicha operación se efectúa en el seno de una empresa, el titular de esta será considerado productor del fonograma (art. 114.2 TRLPI).

Efectivamente, corresponde al Autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y en especial , los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizado sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley( art 17 LPI).

Por tanto, de forma simultánea, compatible y acumulable a los derechos de autor, los artistas, intérpretes y ejecutantes y los productores de fonogramas, son titulares de estos otros derechos de propiedad intelectual.

Resulta pues, incuestionable que quien haga uso de las obras protegidas tiene la obligación de satisfacer, tanto los reconocidos derechos de autor, como una remuneración equitativa y única a los productores de fonogramas, y a los artistas, intérpretes y ejecutantes por los actos de comunicación pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 108.4 y 116.2 TRLPI, que reconoce a ambos titulares el derecho a percibir una compensación económica, precisamente por el uso de los fonogramas publicados con fines comerciales o sus reproducciones.

Debo hacer mención en cuanto al derecho de remuneración equitativa y única que nace por la comunicación pública, que se encuentra configurado en la Ley como un derecho de gestión colectiva obligatoria, al determinar que el mismo se hará efectivo a través de las Entidades de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual, por lo que no es posible individualizar su gestión, como sí lo sería (aunque ya hemos visto su inviabilidad práctica) en el derecho de autor.

Esto en absoluto significa que sean las Entidades de Gestión correspondientes, las acreedoras de los derechos generados por la comunicación pública, sino que por mor de la voluntad del legislador, y en aras a la verdadera operatividad de su gestión, la efectividad de su protección queda en manos de las Entidades de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual, en este caso AGEDI-AIE.

En el caso de los derechos de autor, de igual forma, aunque no sea por imperativo legal, se hace igualmente necesaria la existencia de entidades de gestión colectiva de los derechos, razón por las que el TRLPI las regula, pues sería imposible, por ejemplo, que un autor pudiese comprobar caso por caso, si se está haciendo un uso fraudulento de su obra a través de la comunicación pública de la misma.

Rafael López-Cantal Sánchez
Abogado. Socio
rlopez@lopezcantal.es
Linkedin

Relacionadas


Fashion Law (I): protección de la imagen en las redes sociales

Imagen cedida por @mistaconesderojo 17 de abril de 2018 | El fenómeno de las redes sociales ha producido un gran impacto en la economía y en la sociedad, con su necesaria y consecuente repercusión jurídica. La actividad económica de quienes promocionan productos y...

Share This