12 de febrero de 2020 |

El 3 de diciembre de 2019 el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que, desestimando el recurso de casación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), confirma la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 28 de junio de 2017. Esta resolución reconoce el derecho de una socia de una sociedad limitada, que también era su administradora, a la reducción de la cuota de cotización establecida en el artículo 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, comúnmente conocida como la “tarifa plana para autónomos”. Es decir, reconoce el derecho de un socio que también es administrador de una sociedad a acogerse a esta figura, lo que hasta la fecha no se permitía.

Por todos es conocido que la TGSS viene negando el derecho de los trabajadores autónomos societarios a beneficiarse de la reducción de la cuota del régimen de trabajadores autónomos, regulada en el artículo 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, criterio que no ha sido compartido por los juzgados y tribunales (v. gr. sentencia nº 52/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y sentencias nº 327/2015 y nº 211/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia) y que ahora goza también del respaldo del Tribunal Supremo desde que ha dictado esta reciente sentencia.  En este caso obligaba a los socios administradores a acogerse a la cuota del conocido “autónomo societario”, cuyo coste es bastante superior.

A grandes rasgos, existen dos definiciones de trabajador autónomo societario. De un lado, es aquel socio trabajador que además ejerce funciones de dirección y gerencia por su condición de administrador o consejero. De otro, es aquel socio trabajador con unos porcentajes participación en el capital social que presumen su control efectivo sobre la sociedad.

¿Cuál es la utilidad de esta sentencia?

Este reconocimiento es de gran transcendencia, pues permite a los socios de sociedades que ejerzan funciones de administración acogerse al régimen específico de reducción de la cuota, aunque la TGSS mantenga su oposición inicial. Y lo que es más importante, permite también reclamar las diferencias de cuotas que haya generado la ausencia de aplicación de este régimen específico de reducción bonificado. Para que esto ocurra, resulta imprescindible que no hayan transcurrido cuatro años desde el momento en que se efectuó el pago de la primera cuota de autónomos.

¿Qué ahorro supone la aplicación de esta tarifa?

Con carácter general, mientras que un trabajador autónomo no societario paga en 2020 una cuota única de 60 euros durante los primeros doce meses de su actividad (siempre que se cumplan el resto de requisitos establecidos en el artículo 31), el trabajador autónomo societario paga desde el primer día una cuota de 367,80 euros. Además el autónomo no societario goza de una reducción de la cuota del 50% durante los siguientes seis meses, del 30% durante los tres meses posteriores y finalmente de una bonificación final por ese mismo porcentaje durante los tres meses siguientes, lo que permite que durante los últimos seis meses la cuota se mantenga reducida en un 30%.

Por lo tanto, se trata de un ahorro de 3.693,6 euros sólo durante los primero doce meses, y puede alcanzar una cantidad cercana a los 5.000 euros durante todo el periodo bonificado, que abarca los siguientes doce meses.

¿Podría esta sentencia dar lugar a una actuación de devolución de oficio de la TGSS?

Aunque sería lo idóneo, habitualmente la administración pública no actúa de oficio, por lo que si usted se encuentra afectado y está dentro del plazo indicado tendrá que seguir los siguientes pasos:

Si no está dado de alta en el RETA:

Si la TGSS deniega la solicitud de aplicarse la tarifa reducida deberá presentar un recurso en vía administrativa, que en caso de desestimación o falta de contestación, dará pie al inicio de la vía judicial.

Si ya está dado de alta en el RETA:

1.- Presente un escrito ante la TGSS solicitando la devolución de los pagos indebidos por las reducciones/bonificaciones que no le han aplicado.

2.- En el probable caso de que la TGSS deniegue la solicitud o no la resuelva, deberá presentar un recurso en vía administrativa.

3.- Si la TGSS no resuelve el recurso o la respuesta es negativa, tendrá que comenzar la vía judicial.

Enrique Gallo Palenzuela
Socio

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